La jueza federal Indira Talwani emitió la semana pasada una orden judicial que suspende temporalmente la decisión del Ejecutivo de Estados Unidos de poner fin a un programa que permitía la entrada y el trabajo legal a más de 530,000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida del gobierno estaba prevista para entrar en vigencia el 24 de abril, pero la magistrada consideró que no se puede revocar el permiso temporal otorgado sin antes realizar una revisión detallada de cada caso individual.

Talwani criticó que las notificaciones enviadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) informaran la revocación del permiso de trabajo sin cumplir con este requisito fundamental. Por lo tanto, declaró que dichas notificaciones quedan suspendidas hasta que se emita una nueva orden judicial. Su pronunciamiento implica un freno legal a la política migratoria del Ejecutivo, en defensa de un debido proceso que garantice los derechos de las personas afectadas. Esta decisión representa un alivio temporal para miles de migrantes, mientras se resuelve el futuro legal del programa en cuestión, que ha sido clave para quienes buscan protección y oportunidades laborales en Estados Unidos.